Morir en paz en Leganés o donde sea

La decisión del Gobierno de Madrid de destituir a la dirección del Hospital Severo Ochoa de Leganés por "irregularidades administrativas" en el servicio de Urgencias produce escalofríos por cómo se ha llevado a cabo todo el proceso (desde la denuncia anónima que motivó la apertura de la investigación hasta el descubrimiento de "irregularidades administrativas") y por la cuestión de fondo que se trataba de dilucidar (la supuesta sedación excesiva de enfermos terminales).
Cabe imaginar que la denuncia anónima no era tan anónima y los responsables sanitarios de Madrid conocen con pelos y señales al denunciante y simplemente tratan de proteger su identidad ante cualquier irracional revancha por la denuncia de unos hechos muy graves. En caso de no ser así, si estos responsables ignoran la identidad del/de la denunciante hay que condenar sin ambages que una administración pública abra una investigación basándose en una fuente desconocida cuyos verdaderos intereses quedan ocultos tras el anonimato y entre los que no se puede descartar la persecución a profesionales por causas inconfesables.
Por otro lado, tras la investigación en el Severo Ochoa sólo se han hallado "irregularidades administrativas" en el servicio de Urgencias según el consejero de Salud, Manuel Lamela. Entramos aquí en la cuestión de fondo. Las irregularidades administrativas parece que consistían en la incorrecta cumplimentación de los formularios de consentimiento de los familiares para la sedación de los pacientes en situación irreversible. Los profesionales de Urgencias se defienden diciendo que su prioridad es atender a los enfermos y no rellenar formularios, en lo que tienen más razón que un santo. Además alegan que cuando un enfermo cuya muerte es ya inevitable se queja de dolor, debe hacerse todo lo posible para que muera sin dolor y deben administrárseles los fármacos adecuados para ello. Todos tenemos derecho a morir en paz y no dando gritos en una sala de Urgencias. Pero esto no se puede descartar a partir de ahora en este y otros centros sanitarios de toda España si a algunos responsables públicos se les ocurre la idea de investigar cualquier situación parecida con tanta discreción como los de Madrid han demostrado, para alarma de enfermos, familiares y ciudadanos en general.
En Andalucía funciona desde hace un año el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, en el que cualquier persona puede dejar registrados todos los detalles de la asistencia que desea recibir en un caso como los que han creado la polémica del Severo Ochoa, ante la más que real previsión de verse imposibilitado a hacerlo en una situación terminal.
En las medidas existentes en Andalucía debería mirarse el Gobierno madrileño si quiere evitar que vuelvan a repetirse polémicas como la de Leganés en la que no se puede olvidar el requerimiento que los ciudadanos hacen a los médicos: que sean un poco más humanos. Los profesionales sanitarios del Severo Ochoa han demostrado serlo. Sus responsables políticos no.